Organizados resolvemos lo que necesitamos y defendemos la dignidad humana

 

 Dignidad humana y democracia

 

La dignidad supone el derecho inherente e inalterable de las personas a ser respetadas como seres individuales y sociales. Por ejemplo, algunos cumplen funciones destacadas, como la de Presidente de la República, cuyo rango exige de los demás un trato determinado, pero no le da derecho a una dignidad superior a la suya, la de campesino, privado de libertad o arma de la Casa: la dignidad es la misma para todos, independientemente de la condición social, política, económica o del cargo que se desempeñe.

 



La defensa de la dignidad humana requiere del compromiso personal y colectivo para promover la libertad, la igualdad, la justicia, la protección de la vida, la integridad personal y la salud, lo que exige un ambiente de convivencia social donde prevalezca el respeto, el cuidado, la solidaridad, la cooperación, la paz y la no violencia.

La dignidad, además de ser un atributo propio de toda persona, es un derecho que exige condiciones de vida que protejan la integridad personal, la salud, el reconocimiento de la individualidad, el respeto y valoración de las diferencias humanas y, por tanto, la no discriminación. 


   Necesidades y problemas colectivos

 

Cuando una sociedad tiene carencias que no puede satisfacer con la acción individual o con la acción de algunos ciudadanos, sino que requiere de la intervención de la autoridad, se le conoce como necesidades colectivas, esto quiere decir que afecta a un sector de la población, a una comunidad o sociedad. como un todo.

Cuando los ciudadanos contribuyen al gasto público, a través del pago de sus impuestos, exigen y demandan el cumplimiento de servicios, tales como alumbrado público, seguridad, salud, educación, ambiente sano, entre otros; ante la cual la autoridad está obligada a satisfacer esas necesidades y cumplir con esas exigencias.



Resolvemos problemas colectivos y defendemos la dignidad humana 

La participación social es un derecho y una obligación, la cual implica un compromiso y está estrechamente ligada con la democracia: un sistema democrático resulta inexistente sin la participación de los habitantes.

El derecho a la participación es un asunto no solo de los adultos sino también de los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen la posibilidad de aprender y comprender lo que es la participación a través de la práctica; por ejemplo, en casa, cuando se reparten las tareas de limpieza por convenio; en la escuela, con la expresión de sus opiniones en las asambleas escolares; en la comunidad, a través de la intervención en grupos que promuevan la práctica deportiva; y en el país, cuando expresen sus opiniones en las consultas del Instituto Nacional Electoral, o, en los foros de análisis y discusión convocados por autoridades estatales y locales u organizaciones de la sociedad civil.







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